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Donde dije digo... |
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En estos tiempos que corren, como todos sabemos, el Gobierno ha aplicado una serie de medidas para recortar el déficit, medidas que podemos considerar más o menos justas, pero que hay que atenerse a ellas. Estos recortes nos afectan a todos, de una forma o de otra, y una de ellas que sufrimos muchos son las modificaciones en la Ley de Dependencia. Modificaciones que se pueden considerar más injustas, pues afectan al llamado cuarto pilar del bienestar y que en definitiva sufre la población más desfavorecida. Esta Ley comenzó su andadura en el año 2007, no es una buena ley pues casi todo es mejorable, pero es la que tenemos y no está funcionando como se esperaba. La lista de espera de los dependientes se incrementa año tras año. El 2010 es clave para desatascar este tapón, pues no va a entrar en el sistema ningún nuevo grupo de dependientes. Para esto las administraciones tienen que reaccionar pues tienen muchos deberes atrasados. En todas las comunidades la Ley no va a la misma velocidad. La entrega de los servicios y prestaciones a los cuales la persona tiene derecho no se realiza, bien porque la comunidad no tiene capacidad, o bien por una cuestión de voluntad. Las comunidades que van a la cola son Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Cataluña. Estas comunidades son las que mayor lista de espera acumulan y por tanto las que mayor deuda tienen. El ministerio de Sanidad y Política Social dice que no es una cuestión de voluntad o prioridad política, sino que justifican estas diferencias por la situación de partida de cada territorio antes de implantar el sistema. Es decir, la cobertura de los servicios sociales que poseían. Esa tardanza en resolver los expedientes no hace más que generar deuda, cuando se trata del retraso en la concesión de prestaciones económicas; y en otros casos, dada la precaria salud de muchos ancianos, se les condena a no recibir nunca el servicio al que tienen derecho. No es fácil determinar de qué manera se va a ahorrar con las medidas que ha tomado el Gobierno. Lo que si es cierto es que las comunidades que tienen mayor deuda acumulada recibirán un alivio para pagar en plazos durante cinco años. Pues ahora el pago de la retroactividad, en lugar de realizarse todo de vez, se realizará en plazos, pero la cuantía sigue siendo la misma. A todas se les exime de abonar los atrasos por las prestaciones económicas concedidas durante los seis primeros meses de los trámites. El Gobierno pretende con ello desincentivar la preferencia de los ciudadanos por la prestación económica, para que en su lugar, soliciten un servicio. Aunque es cierto que muchas personas optan por la paga para un cuidador familiar porque llegaba con un regalo en forma de pagos atrasados, también lo es que la escasez de servicios hacía inviable cualquier otra opción. Y tal como se financia ahora la Ley, les sale mucho más caro de lo que posiblemente puedan afrontar los Gobiernos autónomos, si se concedieran tantos servicios como los ciudadanos solicitan. La pregunta que cabe hacerse es si están preparadas las Comunidades Autónomas para resolver los expedientes en seis meses y dejar de generar más y más deuda. Cuando la media de los plazos de espera desde la solicitud hasta que la ayuda se hace efectiva es actualmente de entre 10 y 17 meses. El Real Decreto Ley que recoge las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir el déficit, no afecta a algunas prestaciones económicas que seguirán percibiendo los familiares de los dependientes, con sus atrasos. Por ejemplo, las prestaciones económicas vinculadas al servicio, que es el dinero que se les da a las familias de los grandes dependientes que optan por una plaza en una residencia, pero que la Administración no puede dársela, porque no hay en los geriátricos públicos ni en los concertados. El IVA a partir de julio para estos servicios privados, en el caso de que el gran dependiente vaya a una residencia particular, será del 4%.
El Real Decreto también libra del aplazamiento a las prestaciones
económicas para el asistente personal, aunque esta ayuda todavía es muy
minoritaria. El asistente personal es una ayuda económica que se concede
para contratar a una persona que dé una mayor autonomía a los
dependientes.
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